El Centro de Investigación Nebrija en Seguridad, Estado de Derecho y Altas tecnologías (Cinsedat) organizó la primera mesa redonda del curso que versó sobre El estado del Estado de Derecho en la sociedad internacional. “La lucha por el Estado de Derecho ha sido la batalla de la generación de nuestros padres, ahora nos toca a todos defenderlo”, subrayó Carlos Espaliú, director del Cinsedat, en la presentación en el salón de actos de la Universidad Nebrija. “En España y en la Unión Europea vemos señales de alarma, ataques peligrosos al Estado de Derecho. Por eso quisimos organizar esta jornada de aproximación protagonizada por cuatro grandes expertos que con sus diferentes puntos de vista cubrirán todo el espectro jurídico”, explicó Espaliú.
Así, para analizar el Estado de Derecho en su amplio aspecto, compartieron estrado Sara Izquierdo, secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado; Juan Manuel Goig, catedrático de Derecho en la UNED; Jordi Regi, profesor de Derecho en la Universidad Nebrija y Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla.
Introducción al Estado de Derecho
Juan Manuel Goig arrancó la charla con una introducción al concepto del Estado de Derecho como principio político y jurídico básico de las sociedades democráticas. “Estos actos deben ser visto como una fiesta del ámbito universitario. El mero hecho de llamar a debatir sobre el Estado de Derecho es todo un privilegio”, señaló.
Goig recordó a los asistentes que “el Estado de Derecho es el marco de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978”. Yendo más allá, aludió al verdadero significado del Estado de Derecho que supuso el fin del Antiguo Régimen. “Un cambio de gobierno que hoy vemos con lejanía y que se fundamenta en la Declaración de los Derechos y Libertades del Ciudadano, en la división de poderes, el sometimiento de los ciudadanos a las leyes y en el concepto de soberanía nacional”.
Tras formular una definición del Estado de Derecho desde el punto de vista teórico, el catedrático de la UNED tiró del artículo 1 de la Constitución española para señalar que “hay que pensar en estos principios de una manera diferente, que no implica la pérdida de ningún elemento, pero sí la unión de algunos”.
Subrayó Goig que gracias a la Constitución y a su preámbulo, que no tiene valor jurídico, pero sí valor moral, el Estado de Derecho es un Estado Social. “La Constitución busca la participación en todos los sectores y de todos los sectores sociales”. Siempre de acuerdo con la ley.
Sara Izquierdo defendió la tesis de la separación de poderes. Uno de los principios fundamentales que ha sufrido una gran evolución a lo largo del tiempo. “Hemos pasado de una separación clásica a otra más moderna en la que hablan de órganos que ejercen fuerzas supranacionales. Ahora no hablamos de separación de poderes sino de equilibrio de poderes”.
Izquierdo resaltó que garantizar el principio de separación de poderes implica un mandato negativo de manera que ningún órgano sustente demasiado poder. “No puede haber ningún órgano constitucional que no esté sometido a la supervisión de otro órgano. Es necesario que el poder judicial sea absolutamente independiente y que no esté sometido al resto de poderes. El poder judicial debe ser único”.
La compleja situación del CGPJ
Tras explicar sobre qué órganos recae la función de control del poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y las jurisdicciones internacionales, la abogada del Estado hizo hincapié en la compleja situación que vive actualmente el CGPJ como resultado de la reforma de 1985.
La ley orgánica 6/1985 del 1 de julio establece en su artículo 567.2 que cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. En 2013 los 10 magistrados elegidos por las cámaras se convirtieron en 12. “Así el CGPJ está sometido al poder legislativo, se ha convertido en un fiel reflejo del parlamento y hoy se habla sin ningún pudor de estas cosas”.
Izquierdo señaló también algunos de los peligros que acechan al Tribunal Constitucional que se suponía jamás iba a entrar en cuestiones de legalidad ordinaria. “Cada vez más vemos como el Tribunal Constitucional rompe esas costuras y por la vía del recurso de amparo entra en la vía ordinaria”.
Algo parecido sucede en los tribunales internacionales. “El Tribunal de Justicia no tiene un órgano de gobierno y no rinde cuentas a nadie. Sus miembros son nombrados por los gobiernos de los estados miembros. Algo inconcebible en los propios estados miembros. No existe ningún mecanismo que pueda controlar al Tribunal de Justicia”, concluyó, no sin antes disculparse por el complicado melón que había abierto en un momento.
Prevención de los incumplimientos del Estado de Derecho
Jordi Regi se mostró mucho más benévolo con la Unión Europea. “La UE es un club que tiene sus normas. Tú pides entrar y si luego no te gusta, puedes salir como lo han hecho los británicos. Gracias a este club hemos tenido una prosperidad inesperada en este país. Con lo bueno y con lo malo, no hay nada similar y con ello vamos viviendo”, dijo.
“La UE es un elefante lento y cojo que al final siempre te pilla. Tiene sus normas. Para entrar en este club nos solicitan que tengamos una serie de principios y que respetemos sus normas”. Para el profesor de derecho el problema de la UE ha surgido con los países del Este a los que se le suavizó el proceso de adhesión. “Fue más fácil que el nuestro y así nos va. Estos estados no han entendido bien lo que es la UE. Se trata de cumplir los requisitos y mantenerlos”.
A pesar de los problemas que puedan provocar algunos estados, Regi mencionó los mecanismos que tiene la UE para prevenir los incumplimientos del Estado de Derecho. “Países como Polonia y Hungría se intentan salir por la tangente. Son un reto para la UE que, como mecanismo controlador, puede cerrar el grifo de los fondos Next Generation etcétera”. También tendría la potestad de poner multas o de aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea”.
El artículo dice lo siguiente: El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones.
La paradoja reside en que el Consejo Europeo está formado por las cumbres de jefes de Gobierno que “siempre buscarían una salida a ese supuesto incumplimiento. Dentro de la UE hay debate, pero “sigo pensando que la UE ha logrado en España un gran éxito. No se ha hecho tan mal”, concluyó.
Abogado del diablo
Así las cosas, Francisco José Contreras se metió en la piel de “abogado del diablo” y defendió la postura de los países sancionados o en curso de sanción por la UE acusados de no respetar el Estado de Derecho. Parar este catedrático y diputado de Vox la “UE se está extralimitando en sus funciones por un asunto ideológico y de tamaño de los países. No lo harían con otros mayores”, manifestó tajantemente.
Tras finalizar su exposición enumerando las razones por las que, según él, Hungría y Polonia tienen su parte de razón, el moderador dio paso al tiempo de ruegos y preguntas.
