Diego Acosta es director de la Cátedra Global Nebrija-Santander sobre Migraciones y Derechos Humanos y catedrático en Derecho de Migraciones (Universidad de Bristol).
Pregunta: La Cátedra quiere contribuir al debate académico y social sobre la migración, pero se plantea también influir en la generación de políticas y de leyes que garanticen el respeto de los derechos más fundamentales, ¿cómo puede avanzar en este objetivo ambicioso?
R: Los académicos tienen la obligación de intentar que sus trabajos no sean meramente teóricos, sino que también contribuyan al debate y a las políticas en el mundo real. La regulación de cualquier tema resulta del intercambio de ideas llevado a cabo por diversos actores que forman parte de lo que podría denominarse como un ecosistema. Por ejemplo, en el ámbito de las migraciones están los gobiernos, pero también los organismos internacionales, las ONG, la sociedad civil, los think tanks, las agrupaciones de empresarios, sindicatos, abogados, jueces y, por supuesto, las universidades y los académicos. Todos estos actores desempeñan un papel a través de sus opiniones, las cuales pueden influir de una manera o de otra en una política o ley determinada. Nuestro objetivo es, por una parte, generar sinergias con estos actores a través de nuestro trabajo y, por otra parte, ser parte de la conversación y poder hacer llegar nuestros mensajes a través de columnas de opinión, entrevistas, informes, opiniones jurídicas, consultorías, u otro tipo de colaboraciones.
P: ¿Cuáles son los ejes vertebrales de la Cátedra que dirige?
R: Son tres y se alinean con los cuatro pilares fundamentales que rigen el funcionamiento de la Universidad Nebrija. En primer lugar, contribuir a la excelencia académica con eventos de alto nivel, así como a través de nuestras publicaciones y otras actividades. En segundo lugar, colaborar a la innovación pedagógica a través de la formación de futuros investigadores y expertos, por ejemplo, con la beca de doctorado que tenemos asignada. Y, en tercer lugar, aportar a la internacionalización y a la empleabilidad de nuestros alumnos al realizar eventos tanto en castellano como en inglés e invitar a nuestras ponencias tanto a académicos de todo el mundo como a otros perfiles que puedan inspirar al alumnado a pensar en diferentes salidas laborales.
P: Aunque hay unos 281 millones de migrantes en todo el mundo -tan solo el 3,6 % de la población a escala global- la migración es uno de los desafíos mundiales. ¿Qué políticas cree usted que van en la dirección correcta y cuáles en el sentido opuesto?
R: Las políticas que suelen ser acertadas son aquellas que parten de la base de ver las migraciones como un fenómeno natural e inherente al ser humano que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Son aquellas también que entienden que cualquier país del mundo va a tener un número de no nacionales residiendo en su territorio, así como un numero de co-nacionales viviendo en el extranjero. Y son aquellas que comprenden que cuanto más dinámica y abierta al mundo sea la economía de un país y cuanto más crezca la misma, más necesidad habrá de personas de otros países que contribuyan a ese desarrollo. España es un ejemplo paradigmático de ello. Hemos pasado de ser un país claramente de emigración, principalmente a Europa y América Latina, a ser un país también de inmigración. Pero España ha recibido más inmigración en periodos de crecimiento económico y ha dejado de recibirla en momentos de crisis como, por ejemplo, a partir de 2008. Como bien señala Hein de Haas en su excelente último libro How Migration Really Works, el modo más seguro que tiene un país para evitar la llegada de inmigración es hacer que su economía naufrague.
P: ¿Cómo valora la vigencia del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en 2018 por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas? ¿Hay países que siguen insistiendo en no tratar este tema como un asunto multilateral?
R: Se trata de un documento de enorme importancia por tres motivos. En primer lugar, es un texto que ha sido negociado y apoyado por más de 150 países en el mundo, es decir, la inmensa mayoría. En segundo lugar, el mensaje clave del Pacto Mundial es que la inmigración ha de ser facilitada. De hecho, la palabra facilitar se menciona 67 veces en la versión en castellano. Esto no quiere decir que el Pacto Mundial abogue por un mundo sin fronteras. Nada más lejos de la realidad. Lo que si quiere decir es que gran parte de los desafíos que tenemos en la gestión de las migraciones, como la inmigración irregular, derivan de regular aspectos como la llegada de trabajadores extranjeros o la reunificación familiar de manera demasiado restrictiva. El Pacto es un claro llamado a buscar que fenómenos que son naturales e inherentes a muchos países se regulen con mayor naturalidad y apertura. En tercer lugar, el Pacto es una hoja de ruta que trata el 90 % de los temas que tienen que ver con las migraciones y que lo hace de manera informada y sosegada, sirviendo así de antídoto a retóricas populistas. En este sentido, el Pacto es un texto a tener en cuenta para usar y dotar de mayor contenido a nivel doméstico y regional durante al menos las próximas tres décadas.
P: En la presentación de la Catedra, Felipe González Morales, antiguo Relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, advirtió de los “avances volátiles” en las políticas migratorias de los Estados, “que cambian cuando cambia el color del gobierno de turno o la persona a su cargo y que incluso con los mismos responsables cambian de la noche a la mañana”. ¿El cambio político dificulta la implementación de políticas de migración duraderas y justas?
R: Este es un tema importante pero que en realidad afecta a cualquier política pública. Podemos pensar por ejemplo en las políticas laborales, de medio ambiente, fiscales, u otras. Todas cambian habitualmente cuando llega un nuevo gobierno lo cual dificulta tener líneas de actuación a más largo plazo. En el ámbito de las migraciones, hay que decir que, si bien pueda parecer que hay una gran diferencia entre gobiernos de centro izquierda y de centro derecha, la realidad es más compleja. Por ejemplo, en España, los gobiernos de ambos signos han visto la regularización de inmigrantes en situación irregular como una política no solo de gestión de las migraciones sino también de índole laboral. O, por mencionar otro ejemplo, vemos como en Colombia o en Brasil, el estatus jurídico de los migrantes venezolanos no ha cambiado sustancialmente cuando se han dado traspasos de poder entre la derecha y la izquierda en ambos países.
P: En el mismo acto, María Jesús Herrera, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), defendió una visión de la migración “como una contribución al desarrollo y la mejora de la vida de las personas tanto de los países de origen como de destino”. ¿Por qué esta apreciación no es la primera que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este asunto?
R: Creo que es uno de los aspectos de los cuales se habla, pero es cierto que a veces no tiene la preponderancia que amerita. En algunos casos, la mayor parte de la población es consciente del papel clave que juegan los no nacionales en el desarrollo y funcionamiento de algunos servicios. Por ejemplo, en Reino Unido, en donde resido, no hay nadie que pueda poner en duda que sin los profesionales de todo el mundo que trabajan en la sanidad pública del país el sistema simplemente colapsaría. Al mismo tiempo, creo que en el día a día muchos ciudadanos son conscientes de como la decisión de migrar ha ayudado a la mejorar la calidad de vida de muchas personas que puedan conocer, así como de sus familias. Pero es cierto que a veces el discurso político y mediático no nos permite ver cómo la movilidad es un factor enorme de desarrollo tanto para las sociedades de destino como para las de origen.
P: ¿Qué debería contemplar en todo momento una acertada política migratoria?
R: Debería tener cuatro elementos principales. En primer lugar, un número suficiente de permisos de trabajo para que los empresarios puedan contratar al talento extranjero, con diferentes niveles de cualificación, que no exista en el país. En segundo lugar, vías regulares para residir por diversos motivos, de estudios, familiares, o simplemente para retirarse. En tercer lugar, mecanismos con condiciones claras y precisas para obtener tanto la residencia permanente como, eventualmente y para aquellos que quieran, la nacionalidad. Y, por último, un sistema ágil para lidiar con las solicitudes de refugio de aquellos que se vean abocados a salir de su país de origen por motivos, por ejemplo, de persecución política. En este último caso cabe recordar que tan solo el 0,25 % de la población mundial son refugiados y el 85 % de dichos refugiados residen en países del Sur Global.
P: ¿Cómo valora el papel y el consenso migratorio en la Unión Europea? ¿Qué se está haciendo bien y qué se debería modificar?
R: La Unión Europea es un conjunto de 27 países cada uno con sus agendas e intereses propios. Además, cada una de las principales instituciones tienen visiones diferentes sobre el tema migratorio, por ejemplo, el Parlamento o el Consejo difieren enormemente. Sin embargo, todos han coincidido en la necesidad de activar la Directiva de protección temporal y de otorgar residencia temporal, acceso al mercado laboral, a la salud y a la educación, a los más de 4,3 millones de ciudadanos ucranianos que han llegado en los últimos dos años a los 27 estados de la Unión. Esto ha permitido que en el caso de los ucranianos no se hable de inmigración irregular ni de tráfico de personas porque los mismos tienen el derecho de entrar y residir en la Unión. Esta política contrasta enormemente con el resultado de las políticas de control en el Mediterráneo que han llevado, según datos oficiales del ACNUR, a que más de 28 000 personas hayan fallecido desde 2015, lo cual supone un fracaso de dimensiones históricas.
P: ¿Dónde están los focos más calientes en tema de migraciones en el mundo?
R: La mayor parte de los desplazamientos migratorios a nivel mundial tienen lugar de manera normal. Una persona de un país determinado migra a otro estado por motivos de trabajo, de estudios o familiares y se establece, contribuye y vive su vida. Por ejemplo, a 1 de enero de 2023 había casi 2,8 millones de personas con nacionalidad española viviendo fuera de España y, es posible, que la inmensa mayoría de ellas entren dentro de este perfil. Sin embargo, también es cierto que hay momentos en los cuales por distintos motivos un país entra en una situación de conflicto lo que lleva a un número grande de personas a migrar de manera simultánea. Y esto hace que nacionales de países que históricamente no habían migrado, como son los casos de Venezuela, Ucrania o Siria, se vean abocados a ello. Estos tres países están ahora en el centro del debate migratorio a nivel mundial junto con otros como Sudán, Afganistán o los rohinya que han tenido que huir de Myanmar debido a las políticas de discriminación y violación de derechos del gobierno de dicho estado. En muchos de estos casos estaríamos hablando de refugiados y no de migrantes.
P: Usted presentó recientemente en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra su nuevo proyecto sobre regímenes de libre movilidad de personas en el ámbito global. ¿Es la libre movilidad un concepto que cada vez se aplica más sobre el terreno, aunque siga siendo espinoso oír hablar de él?
R: Lo cierto es que sí. De los 193 estados miembros de Naciones Unidas, 104 forman parte de algún régimen de libre movilidad multilateral o bilateral. Y en nuestro proyecto hemos ya identificado cómo el número de países y de regímenes de libre movilidad ha aumentado de manera exponencial en las últimas tres décadas. La Unión Europea es el ejemplo multilateral arquetípico dado que cualquier nacional de un estado miembro tiene el derecho de entrada, residencia y acceso al mercado laboral en cualquier otro. Pero este fenómeno también se da a nivel multilateral en Sudamérica, el Caribe, el espacio postsoviético o África o, a nivel bilateral, entre países como Australia y Nueva Zelanda o la India y Nepal. Hay que clarificar que la libre movilidad no significa la apertura de fronteras sino más bien el facilitar el movimiento y la residencia entre un grupo de países. Esto resuelve gran parte de los desafíos de la movilidad como pueden ser la inmigración irregular. Pensemos, por ejemplo, que en la UE, a inicios del siglo XXI, decenas de miles de ciudadanos de Rumanía se encontraban en situación irregular en países como España o Italia. Una vez que Rumanía pasó a formar parte de la UE el 1 de enero de 2007 dicho desafío desapareció dado que los nacionales rumanos obtuvieron los mismos derechos de movilidad y residencia que el resto de ciudadanos europeos. La libre movilidad de personas en la UE ha sido un proceso de décadas con avances y retrocesos. Lo mismo ocurre en otras regiones. Ahora mismo estoy pudiendo comprobar esto de primera mano a través de un estudio que estoy realizando, junto con algunos expertos de países africanos, y en el cual estamos viendo cómo mejorar la ratificación del Protocolo de libre movilidad de personas de la Unión Africana que, si bien fue adoptado en 2018, todavía ha sido solo ratificado por 4 de los 55 estados miembros. Por consiguiente, estos son procesos que llevan tiempo y que pueden tener retrocesos, como por ejemplo el Brexit, pero que en líneas generales son cada vez más comunes.
*Entrevista reducida en Nuestra.
Javier Picos / Fotos: Zaida del Río.