La movilidad y las migraciones en América Latina y cómo algunas medidas implementadas pueden ser un ejemplo para el planeta marcaron el tema de un congreso organizado por la Cátedra Global Nebrija-Santander en Migraciones y Derechos Humanos de la Universidad Nebrija, dirigida por Diego Acosta, y la Cátedra IDRC de Investigación en Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico de Lima, dirigida por Luisa Feline Freier.
El foro, celebrado en el Campus de la Politécnica y Ciencias Sociales en Madrid-Princesa de la Universidad Nebrija, buscó aportar debate y generar conocimiento a través de publicaciones futuras de calidad sobre la temática migratoria. “América Latina se ha convertido en la última década en una región esencial para entender y analizar las migraciones tanto en sus aspectos políticos como jurídicos y sociológicos”, reseñó Diego Acosta, catedrático en Derecho Europeo y de Migraciones de la Universidad de Bristol (Reino Unido).
Gran parte de las presentaciones públicas analizaron las respuestas jurídicas y políticas, por parte de países de la región, ante la llegada de casi 6,5 millones de nacionales de Venezuela en la última década, y la gestión de las fronteras, “incluyendo el cruce de personas por el tapón del Darién entre Panamá y Colombia, así como también la facilitación de la movilidad a través de acuerdos regionales como los adoptados bajo el marco de la Comunidad Andina o del MERCOSUR”.
Eduardo Ávila, en la inauguración del congreso, argumentó sobre las respuestas jurídicas y políticas por parte de Colombia a la migración de ciudadanos venezolanos. Además, participaron como oradores principales la catedrática Jennifer Gordon (Universidad Fordham de Nueva York), el exsenador y exdiputado de Argentina y autor de la Ley de Migraciones de 2004 Rubén Giustiniani, y el presidente del Migration Policy Institute de Washington Andrew Seele.
Estatuto para Migrantes Venezolanos
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que entró en vigor el 1 de junio de 2021, supuso, según Eduardo Ávila, “una experiencia significativa para los colombianos que nos ha cambiado como pueblo en materia de solidaridad”.
El gobierno colombiano diseñó un instrumento de acceso a los derechos fundamentales, económicos y sociales para personas refugiadas y migrantes venezolanos con una vigencia de diez años y mecanismos jurídicos de protección temporal “que permitía llenar los vacíos existentes”. También influyó la “deuda histórica y de gratitud” por la acogida de tres millones de colombianos que migraron a Venezuela en busca de oportunidades laborales durante la “bonanza petrolera” de los años setenta.
El Estatuto contempla dos herramientas jurídicas: el Registro Único de Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT) que garantizan derechos fundamentales como el acceso a los servicios de salud, de educación y del sector financiero; derechos como la identidad y trabajo; la inscripción económica; la especial protección a niños y adolescentes migrantes; la circulación libre por el territorio colombiano y el ingreso y salida del país; y la convalidación de títulos profesionales. Hasta la fecha hay inscritos en el RUMV más de 2,5 millones de personas y más de 2 millones de autorizaciones por el PPT.
“Buen momento” en las relaciones entre Colombia y Venezuela
Con una frontera de 2219 kilómetros y más de 2,8 millones de migrantes venezolanos en tierras colombianas, las relaciones entre Colombia y Venezuela, después de un paréntesis de tres años, se restablecieron a finales de agosto de 2022. “Las relaciones ahora pasan por un buen momento, y desde la Comisión de Vecindad e Integración se promueven iniciativas para la paz y la estabilidad en la región”, estimó el embajador de Colombia en España.
El aislamiento, los bloqueos y las sanciones internacionales a Venezuela “no ha sido -según Eduardo Ávila- el camino para la resolución de las diferencias políticas y ha perjudicado a la población venezolana”. El embajador de Colombia remarcó que su país quiere mostrar al mundo “las bondades” de una migración “ordenada y segura”.
Además, está la cuestión económica. De acuerdo con sus datos, el impacto en la economía colombiana de los migrantes venezolanos es de 804,3 millones de dólares. “Esta migración la ponemos como ejemplo al mundo. La aceptación de plenos derechos a los hermanos iberoamericanos aporta al progreso colectivo de nuestra nación”, concluyó.
Jennifer Gordon y Rubén Giustiniani
Después de un minuto de silencio por el fallecimiento de Lelio Mármora, que dirigió el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el congreso Movilidad y Migraciones en América Latina organizó un coloquio moderado por Luisa Feline Freier e integrado por Jennifer Gordon y Rubén Giustiniani.
Jennifer Gordon, catedrática de Derecho en la Universidad de Fordham (Estados Unidos), defendió la plena integración laboral en contextos de desplazamiento. “El trabajo con dignidad es esencial para el florecimiento humano y esas necesidades básicas son negadas a la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de todo el mundo. Urge una visión alternativa, aunque parece poco probable que surja del norte global”, comentó.
Frente a Estados Unidos y muchos países de Europa, que “están haciendo todo lo posible para deportar a los migrantes y refugiados que ya están dentro de sus fronteras mientras cierran la puerta a los demás”, están los países del sur global que “con muchos menos recursos” reciben el 75 % de esta población. “Aunque en el sur también se aprecia un resurgimiento de la xenofobia, ha habido respuestas innovadoras e imaginativas en la recepción de migrantes venezolanos que son las semillas de un nuevo camino”, concretó.
Permiso de trabajo “sin restricciones”
Tomando en consideración las “generosas” lecciones derivadas de las experiencias de las personas venezolanas refugiadas y migrantes en Colombia y Brasil, Jennifer Gordon abogó por un permiso de trabajo “sin restricciones” al que siga el acceso a los derechos laborales y el apoyo a los trabajadores refugiados y migrantes “para que sus deseos se haga realidad, con una plena integración laboral”.
Gordon explicó que se está produciendo un aumento de ingresos para los venezolanos que tienen permiso de trabajo en Colombia y Brasil, pero sus condiciones aún son “sustancialmente peores”, sus salarios “más bajos” y su horario “más amplio” que los trabajadores locales. No obstante, apuntó también los avances: “La integración laboral en su máxima expresión está empezando a calar a través de organizaciones de migrantes y sindicatos”.
Veinte años de la Ley 25871 de Argentina
La Ley de Migraciones de Argentina (Ley 25871), en vigor desde 2004, es otro de los referentes jurídicos en materia de migración para instituciones como Naciones Unidas. Su mentor, Rubén Giustiniani, la considera “distinta” a la corriente “hegemónica” en un mundo donde las migraciones “no son ordenadas ni regulables ni seguras”, donde el Mediterráneo es “una fosa” y donde la frontera sur de Estados Unidos es un lugar con “permanentes violaciones de los derechos humanos”.
“Nos decían -prosiguió- que era una ley demasiado abierta, y que iba a llamar a centenares de miles de migrantes, pero el balance en su vigésimo aniversario es altamente positivo. No significó un aluvión de migrantes ni un peso excesivo e insoportable sobre el sistema público de educación”. Giustiniani dijo que, en los últimos sesenta años, el porcentaje de población inmigrante de Argentina no ha variado y ronda en torno al 4,5 % de su población, lo que significa una recepción “moderada” de migrantes.
Antes del turno de preguntas de la primera jornada del congreso, el exsenador argentino asoció la migración a una oportunidad para los países de recepción.
El análisis de Andrew Seele
Una de las intervenciones más esperadas del foro fue la de Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute (MPI) de Washington, que disertó sobre los diferentes mecanismos para la protección de los migrantes en la región. Desde 2016 hubo un “auge enorme” en el desplazamiento de venezolanos, haitianos y nicaragüenses que permite hablar de una respuesta “diferente” del modelo latinoamericano y caribeño frente a la migración.
Estas medidas, con sus diferencias por países, siguen respondiendo, según Andrew Seele, a cuatro claves; la idea de un espacio común, sobre todo sudamericano, al recibir a vecinos y sustentado en ocasiones por acuerdos entre estados; la geopolítica y “la simpatía de gobiernos de derecha con migrantes que huían de Venezuela”; la capacidad institucional, “el orgullo, cierta confianza en tomar decisiones”; y la naturaleza de las economías y de los mercados “informales”, aunque “a largo plazo derive en una trampa”.
El presidente del MPI observó que, en general, los gobiernos no delegaron la gestión de las crisis a Naciones Unidas y tomaron decisiones propias como la de proveer de un estatus legal, un acceso a la educación primaria y secundaria y también al sistema de salud a los refugiados y migrantes. “No hay que exagerar, pero casi todos los países usaron un patrón común de integración temporal”, adujo.
Fronteras abiertas y procesos de regularización
Reconociendo que en el tratamiento de esta materia había más optimismo antes de la covid-19, Andrew Selee opinó que ahora existe más control de fronteras, pero también un mantenimiento del esfuerzo por integrar a los que ya están en el país de acogida. “Uno de los desafíos es qué hacer cuando termina la crisis de desplazamiento, pero las permanentes son aterradoras. Tenemos que entender que es difícil mantener estas situaciones de fronteras abiertas y, a largo plazo, apostar por las vías regulares y los procesos legales”, dijo.
Andrew Seele es el autor, junto a los investigadores María Jesús Mora y Ariel G. Ruiz Soto, del reciente informe Construyendo vías regulares para abordar presiones migratorias en el hemisferio occidental. Este documento, según el MPI, “mapea las vías regulares que existen actualmente en el hemisferio, incluyendo aquellas creadas por acuerdos regionales de movilidad y residencia, políticas de visas, mecanismos de migración laboral circulares y medidas de protección humanitaria. Este análisis destaca las similitudes y diferencias, las limitaciones notables y las formas en que estas vías puedan mejorar o ampliarse para ofrecer alternativas viables al movimiento irregular y, así, encajar dentro de las aspiraciones de los gobiernos de garantizar la migración segura, ordenada y regular”.
Texto: Javier Picos. Fotos: Nacho Nava