Autor: Luis A. García
A principios de febrero del presente año, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, presentó el documento denominado “Plan Estratégico de la Abogacía 2020”. Según la nota de prensa de dicho acto, este plan sería “la hoja de ruta de la abogacía para el período 2017-2020 en la que, a través de cinco ejes estratégicos, se aborda el correcto ejercicio de la profesión”. Los cinco ejes estratégicos en que se divide el plan son los siguientes:
- Una abogacía confiable y preparada
- Una abogacía gestora integral de conflictos
- Una abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada
- Una abogacía comprometida con la sociedad
- Una abogacía europea con visión global
A su vez, cada eje se encuentra dividido en objetivos y cada objetivo en medidas concretas. A efectos de este blog, procedemos a reflexionar brevemente sobre las tres últimas medidas del tercer objetivo del primer eje:
Objetivo 3: Formación inicial y continua de calidad
34.- Programa de colaboración con Facultades y Universidades
35.- Formación inicial de excelencia y mejora del acceso a la profesión
36.- Sistema de certificación de calidad para Escuelas de Práctica Jurídica
37.- Formación en competencias técnicas y desarrollo de especialidades en másteres
38.- Programa integrado de Formación Legal Continua (FLC)
39.- Aumento de cursos de formación conjunta con otras instituciones profesionales
40.- Biblioteca digital intercolegial
41.- Campus virtual intercolegial
42.- Servicio didáctico y audiovisual para crear contenidos colegiales y cursos online
Cabe aclarar que este objetivo parte de la premisa de que para ejercer la abogacía de forma responsable, fiable y con altos niveles de calidad, el abogado necesita ir actualizando los conocimientos adquiridos en su formación inicial. Personalmente, yo voy más allá: creo firmemente que para ejercer la abogacía de forma fiable, es necesario además adquirir nuevas competencias y habilidades que van surgiendo con el paso del tiempo y que necesariamente no existían cuando el abogado cursó su formación inicial (por ejemplo, manejo adecuado de las redes sociales en los entornos profesionales de la abogacía).
A estos efectos, el CGAE quiere promover junto con las universidades, escuelas de práctica jurídica, colegios de abogados y consejos autonómicos un programa integrado de formación legal continua para todo el territorio nacional, de forma que los abogados españoles estén en mejores condiciones para ofrecer servicios jurídicos de alta calidad.
Bajo esta premisa, los recursos digitales juegan un papel esencial tanto en la formación inicial como en la formación continuada del abogado, según veremos a continuación.
Medida 40: Biblioteca digital intercolegial: “Para que los abogados cuenten con medios equivalentes de información en la articulación de su estrategia profesional, sin limitación física, temporal o geográfica, deben poder acceder a una biblioteca digital común, con independencia de su concreta colegiación. La Abogacía Española pondrá todos los medios a su alcance para crear una biblioteca digital intercolegial excelente, que asegure la igualdad de armas en el proceso por medio de un igual acceso a las fuentes de información”.
Nos parece muy buena esta propuesta, siempre y cuando se facilite acceso a la misma (de forma limitada, claro), a los estudiantes de Derecho e incluso al público en general. Actualmente existen varias bibliotecas jurídicas digitales en el ámbito español, pero de acceso restringido mediante pago. Cada colegio de abogados se encarga de negociar individualmente el acceso para sus colegiados, de forma que el colectivo en general podría beneficiarse de mejores condiciones si se parte de una propuesta conjunta.
Medida 41: Campus virtual intercolegial: “…los Colegios de Abogados programan e imparten 2.500 cursos de formación al año, siendo la Abogacía Española uno de los más importantes prestadores de servicios de formación profesional del país en términos comparados. Para poner en valor este significativo ecosistema educativo, la Abogacía Española potenciará su plataforma de formación no presencial, bajo criterios de fácil acceso y usabilidad, con objeto de prestar un servicio de calidad a todos los colegiados, así como a otras profesiones legales que estén interesadas. El Consejo General aspira a facilitar el acceso universal a una formación profesional continua y especializada de calidad por medio de este proyecto intercolegial”.
Creemos que el CGAE no se debe limitar al ámbito intercolegial y debería invitar a aquellas universidades españolas que así lo estimen, a formar parte de este campus (especialmente las universidades públicas). Para este caso, entendemos que los MOOCs sobre temas de Derecho deberían integrarse en dicha plataforma, así como las titulaciones propias que se estimen de especial interés (fundamentalmente diplomados y cursos de corta duración que se pueden desarrollar fácilmente por las facultades de derecho).
Medida 42: Servicio didáctico y audiovisual para crear contenidos colegiales y cursos online:
“La Abogacía Española impulsará un servicio didáctico y audiovisual dirigido a transformar en contenidos formativos online una selección de los cursos presenciales que los Colegios de Abogados ofrecen anualmente. La transformación de cursos que los colegios imparten de modo presencial en la actualidad en materiales formativos digitales se realizará por medio de un servicio especializado que estará formado, necesariamente, por expertos en metodologías docentes y didáctica online así como por los mejores profesionales del sector audiovisual”.
Precisamente el ámbito didáctico y audiovisual ha sido extensamente desarrollado por las universidades españolas, tanto privadas como públicas (por ejemplo, los casos de la propia Universidad Nebrija y de la Universidad Internacional de la Rioja). Es por esto que entendemos que dicha transformación de contenidos debe hacerse de forma concertada con el sector universitario español que posee ya experiencia en la formación jurídica en plataformas digitales.
Por último, queremos expresar nuestro optimismo respecto al Plan estratégico de la abogacía 2020, así como reiterar nuestra disposición y voluntad para contribuir a que el mismo se materialice lo más pronto posible en beneficio de una abogacía más fiable y preparada.
Luis A. García Segura
Profesor de Derecho y Director del Máster en Derecho Empresarial